EL PAÍS
DAVID MARCIAL PÉREZ
México – 24 OCT 2022. La reforma para mantener a los militares en las calles de México haciendo de policías provocó a principios de este mes una fuerte marejada en el parlamento, airados debates en los medios sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública y la fractura de la alianza entre los partidos de oposición. Sin embargo, si se aterriza el debate de las pasillos políticos a la opinión de los ciudadanos no hay apenas discusión. Tres de cada cuatro mexicanos apoya que los militares sigan en la calle según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio realizada apenas dos semanas después de que saliera adelante la reforma. La aprobación ciudadana se extiende también a las numerosas concesiones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho a las Fuerzas Armadas −gestión de aduanas, aeropuertos y grandes infraestructuras−, así como su manejo de la crisis por la filtración masiva de correos del alto mando militar, prolongando un respaldo masivo al Ejército que va más allá de este sexenio.
La salida de los militares de los cuarteles fue iniciada en 2006 por el presidente panista Felipe Calderón inaugurando la llamada guerra contra el narco. Durante sus largos años de oposición, López Obrador fue uno de los mayores críticos de aquella estrategia que se ha cobrado desde entonces más 200.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Sin embargo, la actitud del mandatario de Morena cambió tras su llegada al poder. Sus eslóganes han ido virando del “abrazos, no balazos” al “El Ejército es bueno, porque es pueblo uniformado”, aludiendo a los orígenes populares de unas Fuerzas Armadas que se remontan a la Revolución mexicana de principios de siglo XX.
López Obrador ha sido, de hecho, el primer mandatario que blindó en una ley lo que había sido una realidad de facto durante más de una década. En 2019 aprobó una reforma constitucional que consolidaba la presencia de los militares patrullando las calles hasta 2024, el final de su mandato. La extensión del plazo otros cuatro años vino este mes además precedida por otra decisión que agrandaba el poder del Ejército. La Guardia Nacional, el cuerpo policial creado por el gobierno de Morena con espíritu castrense pero mando civil en un inicio, pasaba definitivamente a convertirse en un apéndice más de las Fuerzas Armadas. Con todo ese contexto, el 73% de los consultados en la encuesta respondieron afirmativamente la pregunta de si están de acuerdo con que el Ejército continúe en las calles apoyando en las tareas de seguridad hasta el 2028. De hecho, el 19% dijeron estar “muy de acuerdo”, por tan solo un 8% de respuestas en el polo opuesto: “nada de acuerdo”.
La política de mano tendida del Gobierno de Morena hacia los militares ha incluido, por ejemplo, la realización de los grandes proyectos de infraestructura, una de las banderas del Gobierno, como el Tren Maya, la gestión de las aduanas, puertos y hasta 10 aeropuertos, entre ellos, el Felipe Ángeles en el Estado de México. El apoyo ciudadano a todos estas decisiones es similar al de la prolongación de su presencia en las calles. El 72% de los encuestados respaldan las concesiones logísticas y mientras que baja ligeramente, hasta un 62%, en el caso de la construcción mediante empresas públicas dirigidas por militares del aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. La justificación del presidente ante esta híperpresencia en la vida civil es que las Fuerzas Armadas es que son el mejor cortafuegos ante la corrupción. La opinión de los encuestados al respecto es también favorable al presidente en un 59%, aunque dentro de las diferente intensidad de la adhesión, la mayoría, un 47%, dice estar solo “de acuerdo”.
La justificación de la que los militares son el mejor antídoto posible a la corrupción también ha sido la razón defendida por el presidente para acabar con la policía federal y crear en su lugar la Guardia Nacional. La confianza de la ciudadanía en la Guardia Nacional es también mayoritaria (58%). Un umbral superado desde luego por el Ejército (67%) y la Marina (70%). En el polo opuesto se sitúa la Policía Estatal, que registra una grado de confianza de tan solo el 33%, mientras que el 66% restante dice confiar poco a nada en el estamento policial.
Las Fuerzas Armadas también han estado en la centro de las conversación durante el último mes por la masiva filtración de correos de la Sedena a principios de octubre realizada por un grupo de piratas informáticos. Mientras en otros países donde ha sucedido un ataque informático parecido, como Chile, la respuesta del Gobierno ha sido dejar caer a altos mandos militares, en México el hackeo no impidió que pocos días después se consolidara el blindaje de los soldados en las calles. Y la posición oficial del presidente fue cerrar filas con el secretaria de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que no se ha visto obligado siquiera a responder en el parlamento sobre el escándalo. La posición de la ciudadanía respecto a la gestión del Gobierno es en todo caso también positiva. Un 41% está favor, por un 34% en contra y un 25% que no tiene opinión al respecto.
Los únicos dos apartados donde suspende la labor del Ejército son, precisamente, ante la pregunta de si deberían asumir alguna responsabilidad por la filtración de documentos. La respuesta que arroja la encuesta en que el 75% opina que sí. El segundo aspecto negativo del sondeo es el relacionado con su supuesta implicación con el caso Ayotzinapa. Tanto la comisión presidencial encargada de investigar la desaparición de los 43 estudiantes, como el procedimiento abierto por la Fiscalía apuntan a la intervención del Ejército en el suceso. De hecho hay cuatro militares en prisión, incluido el general del cuartel de Iguala, lugar donde sucedieron los hechos. Ante la pregunta de si los miembros del Ejército mexicano son o no responsables, un 53% de los encuestados dijo que sí, por un 33% del no y un 14% sin opinión.
El mayoritario respaldo del Ejército en los puntos más calientes de su labor es un ejemplo a su vez del activo papel que juegan en la vida política y civil del país. Unas recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo volvieron a demostrar: “Un militar puede participar en tareas políticas, puede tener aspiraciones políticas e incluso ser presidente de la República”. La opinión de los encuestados al respecto oscila entre el 37% que apunta a que las Fuerzas Armadas tienen mucha influencia política o el 28% a algo de influencia. Hasta el 31% que estima que tiene poca o nada de influencia.
