EL UNIVERSAL
Alhelí Salgado
Militares y marinos ocupan el quinto lugar en agresiones sexuales, físicas y sicológicas contra mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), del Inegi.
La Endireh revela que el año pasado 86 mil 255 mujeres mayores de 15 años fueron violentadas por elementos castrenses en el ámbito comunitario.
“Esto es terrible porque significa que la presencia de militares en las calles y el poder que ejercen sobre la población es una verdadera amenaza para las mujeres. Es muy grave y debería atenderse a las sobrevivientes de esta tremenda situación”, dice Patricia Olamendi, integrante de la red Nosotras Tenemos Otros Datos.
Según el reporte del instituto, las agresiones sexuales cometidas por militares y marinos llegaron a 46 mil 488; las sicológicas, 35 mil 396, mientras las físicas sumaron 4 mil 371.
Los policías también figuran en el informe del Inegi como agresores de mujeres. Tan sólo en 2021, 306 mil 106 mujeres reportaron haber sido víctimas de ataques sexuales por parte de los uniformados; 305 mil 809, de agresiones sicológicas y 21 mil 991 de ataques físicos.
La encuesta señala que 163 mil 541 mujeres reportaron haber sido víctimas de agresión sexual a lo largo de su vida; 64 mil 210, sufrieron violencia sicológica y 10 mil 470, ataques físicos.
Melissa Zamora, cocoordinadora del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), comenta a EL UNIVERSAL que la ONG ha documentado desde hace varios años casos de mujeres víctimas de tortura sexual cometida por elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, en contextos de su intervención en tareas de seguridad pública.
Señala que si bien diversos organismos internacionales han reconocido que la tortura es una práctica generalizada en México, en las detenciones de mujeres es más frecuente la violencia sexual como parte de los actos de tortura, lo que también constituye una forma de discriminación por razones de género.
Daira Arana, especialista en militarización, expone que las cifras del Inegi son un reflejo de cómo la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, colocando al género femenino como grupo vulnerable en sus derechos humanos ante las dinámicas patriarcales que el personal castrense utiliza como protocolos de actuación.
“Mucha de la formación en materia de seguridad está muy anclada a una dimensión machista de lo que tiene que ser la seguridad, en donde hay un ente protector que, si no protege, reprime con violencia, que trastoca la dignidad y la integridad de las personas y, en el caso de las mujeres, se asocia mucho con la integridad sexual”, explica.
La integrante Seguridad sin Guerra prevé que las agresiones sexuales, físicas y sicológicas estarán presentes y serán difíciles de erradicar en la medida en que no se trabaje desde una perspectiva feminista y de género en el diseño de las políticas públicas en materia de seguridad.
“Tenemos que repensar las tácticas militarizadas que se emplean para atender los problemas de seguridad porque han traído un aumento en la violencia contra las mujeres y han creado contextos donde las dinámicas de enfrentamientos con el crimen organizado no son el principal problema sino este”, enfatiza.
Indica que para que se reduzcan ese tipo de actos debe haber un compromiso real de las instituciones, de los poderes Ejecutivo y Legislativo para repensar protocolos de actuación, capacitación y entrenamiento en torno a disminuir los sesgos y estereotipos de género en la actuación de las Fuerzas Armadas.
“Los resultados se van a ver en el mediano y largo plazo porque estamos hablando de cambios en el comportamiento del personal. No es algo que por ley digan que no van a violar derechos humanos, pero es importante que se hagan estas modificaciones, en tanto tengamos que convivir en nuestra normalidad”, señala.
Guadalupe Ramos, vicecoordinadora del Comité de América y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), comenta que según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, del Inegi, 41% de las mujeres que fueron arrestadas por integrantes de la Marina fueron víctimas de violación, en comparación con 5% en el caso de los hombres.
