Nueva York – 17 ENE 2023 -La espera ha terminado. El juicio de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano en la historia está por comenzar en Estados Unidos. A tres años de ser detenido, Genaro García Luna finalmente se sentará este martes en el banquillo de los acusados en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, el mismo tribunal donde Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua en 2019. Es aquí mismo donde el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) tendrá que responder por tres cargos por tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones. De ser hallado culpable, el antiguo jefe de la Policía de México se enfrentará a un mínimo de 10 años de cárcel o la pena más alta, pasar el resto de su vida tras las rejas. La Fiscalía acusa a García Luna, uno de los políticos más polémicos y temidos de los últimos años, de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante casi dos décadas. Su destino está en manos de un jurado anónimo y de Brian Cogan, el mismo juez que sentenció a El Chapo. El caso se definirá en un tribunal de Brooklyn, pero amenaza con desatar una tormenta política a más de 3.300 kilómetros de distancia, del otro lado de la frontera.
La Corte del Distrito Este de Nueva York, uno de los tribunales más mediáticos de Estados Unidos, tiene programadas decenas de audiencias para este martes, entre juicios contra miembros de pandillas, fraudes multimillonarios y un escándalo de sobornos en la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional. “¿Cuál juicio es? ¿El del terrorista?”, pregunta con curiosidad un empleado del juzgado, que da la impresión de haber visto de todo en los últimos años, mientras repasa en su cabeza el apretado calendario de los jueces. “¡Ah, claro! El policía de México”, dice aliviado tras acordarse, sonriendo con aire de suficiencia. “Es el caso más importante que tenemos en estos días”, zanja.
El nombre de Genaro García Luna no dice mucho en Brooklyn, pero el juicio contra el exfuncionario no ha pasado desapercibido. Algunos medios estadounidenses se refieren a él como Mexico’s top cop, el “poli importante” de México, o como el J. Edgar Hoover mexicano. El interés por el caso se dispara cuando se incluye en la fórmula su supuesta vinculación con El Chapo y cómo este proceso se perfila como una nueva edición, una segunda parte, del llamado juicio del siglo. Hace dos semanas, los caminos del antiguo miembro del Gabinete y del cartel mexicano más famoso del mundo se volvieron a cruzar, cuando Ovidio Guzmán, hijo del capo, fue capturado en Sinaloa, tras un operativo y un vendaval de violencia que se saldó con al menos 29 personas muertas, según las autoridades. Pese a que el termómetro ha marcado bajo cero varias veces en los últimos días, cada vez se ven más reporteros y cámaras de televisión mexicanos y latinos en las calles y los alrededores de la corte.
García Luna, un hombre cuyo ascenso meteórico no puede explicarse sin el estallido de la guerra contra el narcotráfico durante su gestión, no será visto vestido con el uniforme de la cárcel durante el juicio. Fue una petición expresa hecha por sus abogados. El juez Cogan autorizó que se le facilitara un guardarropas que incluye dos trajes azul marino, dos camisas blancas y dos azul claro, cuatro camisetas, tres corbatas, cuatro pares de calcetines y un par de zapatos negros. La defensa está convencida de que podrá demostrar la inocencia de su cliente y que la Fiscalía no tiene pruebas sólidas en su contra. En un sistema legal como el estadounidense, que privilegia la obtención de acuerdos de culpabilidad a cambio de penas reducidas para dar mayor velocidad a la resolución de los casos, la decisión de ir a juicio es en sí una declaración de intenciones.
Por las audiencias previas, se sabe que la Fiscalía planea llevar al estrado a unos 20 testigos. Los abogados de García Luna han intentado que esos testimonios sean desechados y en el conflicto se han aireado algunos posibles nombres de quienes podrían hablar contra García Luna, una mezcla de exfuncionarios y narcotraficantes que dicen estar dispuestos a contarlo todo, la mayoría de ellos, capturados durante la gestión del exsecretario de Seguridad. Quieren hablar de los sobornos, los pactos oscuros, la farsa de los operativos autosaboteados contra los capos. La lista aún no es pública y se irá desgranando con el avance del juicio. Lo que sí es seguro es que será una montaña de acusaciones y revelaciones que alimentarán una sospecha permanente en México: el nivel de implicación de las autoridades con el crimen organizado.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en la mira también cientos de miles de dólares que García Luna logró amasar como contratista del Gobierno después de que dejó el servicio público. La Fiscalía también ha asegurado que va a poner bajo escrutinio la fortuna que hizo el exfuncionario en el sector privado. Las autoridades afirmaron que el acusado ayudó a que un grupo de compañías recibieran millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos para instalar sistemas de vigilancia y equipos tecnológicos, y que esas mismas empresas después le pagaron el favor con una lujosa mansión en Florida cuando dejó el cargo en 2012. “Los empresarios le consiguieron una casa multimillonaria y un yate en Miami, así como un contrato lucrativo”, se lee en un documento judicial presentado la semana pasada.
La defensa ha respondido que la faceta de su cliente como hombre de negocios es irrelevante para el caso. El juicio será, sin embargo, una radiografía de toda su vida. Desde el arresto de García Luna en diciembre de 2019, apenas cinco meses después de la condena contra El Chapo, López Obrador ha dejado claro que no piensa desaprovechar la oportunidad de que las acusaciones salpiquen a Calderón, uno de sus principales némesis políticos. Desde un principio, Calderón ha defendido que nunca supo que su secretario de Seguridad tuviera vínculos con el narco y que, si pasó, fue a sus espaldas.
Pero Calderón no es el único potencialmente afectado por todo el proceso y sus daños colaterales. La Fiscalía asegura que García Luna colaboró con el Cartel de Sinaloa desde 2001, cuando fue jefe de la Agencia Federal de Investigaciones durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Las acusaciones de corrupción y puertas giratorias como contratista gubernamental apuntan, por su parte, a la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Incluso, se puede hablar de supuestos delitos en el círculo cercano del actual presidente. Durante el juicio de El Chapo, algunos traficantes aseguraron que se acercaron a gente de su equipo para ofrecerles sobornos. Aun así, López Obrador sabe que tiene la ventaja en el forcejeo político. “Va a estar interesante lo del juicio de García Luna”, dijo el mandatario la semana pasada. “Va a estar muy bueno, mucho muy bueno el juicio”, insistió. Y adelantó que le iba a dar seguimiento.
Tras el feriado en Estados Unidos de este lunes, está previsto que el martes concluya la selección de quiénes serán los 12 miembros del jurado y que después empiece la primera audiencia del juicio contra García Luna, con los alegatos iniciales, salvo un cambio de última hora. El funcionario mexicano de mayor rango en ser procesado busca defender su legado. Y con él, se pone en juego también el de los primeros años de la guerra contra el narco.
Con Información: EL PAÍS
ELÍAS CAMHAJI
