Jorge E. Franco Jiménez.
El tema de la corrupción oficial en el ejercicio del poder conlleva de manera natural el manejo de los ingresos que aportamos los mexicanos en impuestos, derechos, productos y explotación de bienes nacionales anualmente y sus remanentes, consecuencia de la austeridad pregonada, son los ingredientes que configuran la complicidad y la corrupción que se práctica de forma diversa en cada sexenio.
Ese mal habitual que conocemos como corrupción oficial, se hace notorio en el aprovechamiento del poder para beneficio de los que lo ejercen al gobernar en unión de las elites que, en cada época, son preponderantes para llevar a cabo actos que implican inversión pública, la que compartan en su beneficio, algún segmento del sector privado, favorecido en cada periodo del sector privado. Como el coronavirus se transforma periódicamente.
En ciertos periodos ha prevalecido el gobierno con las numerosas empresas que implemento en alguna época y que tuvo como efecto la queja del sector privado ante la expansión del estado empresario mexicano que propiamente monopolizó un buen número de actividades productivas, industriales, de comercialización.
Ante el fracaso de las empresas estatales convertidas en barril sin fondo para financiar campañas o enriquecer a determinadas elites, se dio un giro que impulso el incremento de la actividad privada en el área económica de la producción en todos sus aspectos, posibilitando la apertura comercial, la libre competencia y la firma de diversos tratados sobre esa materia que subsisten hasta la fecha.
Sin embargo, en este sexenio, el de López Obrador la transformación del manejo de la complicidad y corrupción, tiene sus propias características. Por una parte, se hizo de un socio mayoritario y poderoso para ello, las fuerzas armadas, entregándoles la administración de fondos públicos para inversiones cuantiosas bien conocidas y en paralelo utiliza a esas fuerzas para favorecer o doblegar voluntades; por otra vertiente, somete a los cómplices de pasadas administraciones real y mediáticamente, incluyendo a los comunicadores.
El elemento que modificó el gobierno del Presidente López Obrador, en el rubro de la complicidad y corrupción es la forma para hacerlo, la mediatización política. Es decir, de fondo está vigente la corrupción y complicidad en su gobierno, lo que cambio fueron los asociados.
Si se revisan, aun superficialmente, los acontecimientos relevantes que se han mediatizado, tenemos como muestras, el caso Lozoya, del Gobierno de Enrique Peña Nieto; el asunto de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, de los sexenios de Fox y Felipe Calderón; la detención del hijo del Chapo y Caro Quintero, maximizados de manera permanente; del sector privado el caso Alonso Ancira de altos hornos de México. Juan Lavalle, Anaya, el Bronco, Lavalle etc.
Le mediatización es intervenir dificultando o impidiendo la libertad de acción de una persona o institución en el ejercicio de sus actividades o funciones; la mediatización de la política guarda relación con una agenda y su entorno, para finalmente defender el concepto de transformación por medio de las mañaneras. En ese medio trabaja diariamente el Presidente López Obrador alcanzando hasta hoy un alto porcentaje de aceptación.
Su objetivo transformador ha sido ese mediatizar la política en beneficio de su programa sustentado en la complicidad y corrupción de nuevos socios, enclaustrando la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano, irritado por la difusión de los actos negativos del Presidente Peña Nieto y de Felipe Calderón, los cuales repite día a día en su mañanera, convirtiendo en verdad lo que no corresponde a la realidad. Así reafirma día a día no soy corrupto no hay corrupción en mi administración, lo son los del pasado yo la erradico.
Ha creado una falsa realidad en la mente colectiva, mediatizando la política y la procuración y administración de justicia con esa estrategia mediática enfatizada con la de los miércoles denominado de las mentiras en las que califica cuales tienen esa carácter entre las publicadas o dichas por comentadores y críticos sobre actos de corrupción de su administración, sin que reparemos en los grandes montos de dinero que manejan las fuerzas armadas en inversiones y administración de aeropuertos aduanas; táctica que, por cierto, maneja con sarcasmo y habilidad su encargada de comunicación.
Esta estrategia mediatiza y contamina la política, y trasciende a los sistemas de procuración y administración de justicia, insertándolos, en algunos asuntos, como cómplices obligados del sistema. Esto ocurre cuando el presidente, la jefa de gobierno de la ciudad de México o el Secretario de Gobernación, desde la tribuna pública condenan como responsable de hechos delictuosos a determinada persona o como corruptos a servidores públicos contrarios a su corriente. Estas personas ya fueron juzgados y condenados por ellos no por un tribunal. En Oaxaca acaba de darse un caso.
Violentan, con esa mediatización política de acusación anticipada, los derechos humanos de las personas al debido proceso, presunción de inocencia y acceso a una justicia de antemano comprometida, por esas afirmaciones públicas, ante la línea dada por quien manda.
El Poder Ejecutivo y sus alfiles, son los actuales jueces de la vida de los mexicanos, condenan o absuelven, de acuerdo a su agenda transformadora de voluntades no de gobernar. La corrupción y complicidad es amplia ahora en el orden político, un Congreso comprometido con el poder ejecutivo, no con el pueblo, un poder judicial acosado por el poder que restringe de facto su elevada función de juzgar con imparcialidad. La desviación de los fines del ejercicio del poder también es corrupción
El estado a mediatizado esas funciones políticamente con el poder que ha desviado para su propia corriente. El INE y la Suprema Corte de Justicia son la fortificación de los derechos de los mexicanos.
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