ELÍAS CAMHAJI
Nueva York – Más de 70 personas están listas para testificar contra Genaro García Luna. Así lo aseguró este miércoles César de Castro, el abogado que encabeza la defensa del secretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, el exfuncionario mexicano de más alto rango que ha enfrentado un juicio en Estados Unidos. La revelación se dio durante el proceso de selección de los 12 miembros que integrarán el jurado y que decidirán tras dos meses de juicio si el antiguo jefe de la Policía Federal es culpable o inocente de los cargos que se le imputan: tres por narcotráfico, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. Está previsto que sea el jueves cuando finalmente ambas partes lleguen a un acuerdo sobre los ciudadanos elegidos y que el próximo lunes comiencen los alegatos iniciales ante el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2019 a cadena perpetua.
“Nuestra expectativa es concluir en febrero”, dijo la fiscal Saritha Komatireddy. El pronóstico de los abogados de García Luna, en cambio, es que el proceso en la corte de Brooklyn se pueda extender a mediados de marzo. De Castro aludió que la Fiscalía le había dado una lista de 70 testigos potenciales en el caso. Eso no quiere decir que todas las personas subirán necesariamente al estrado. Lo más probable es que el desfile de antiguos capos de la droga, exfuncionarios y agentes de las fuerzas del orden dispuestos a prestar testimonio comience la próxima semana. La información que se conocía hasta la última audiencia es que había unas 20 personas llamadas a testificar, a partir de lo que se comentó en las audiencias previas al juicio.
Las declaraciones se dieron en medio de dos días de entrevistas presenciales a candidatos al jurado. El proceso de selección empezó el martes y ha acaparado la primera semana del proceso. No ha sido una tarea sencilla encontrar a los elegidos. Muchos de los ciudadanos, que fueron preseleccionados por sorteo, argumentaron problemas de salud, dificultades para ausentarse del trabajo o responsabilidades que les impedían unirse. Otros fueron descartados por su incapacidad de demostrar que serían imparciales. “Debido al tráfico de drogas y de personas, los mexicanos hacen que el resto de la población hispana se vea mal”, dijo un ciudadano estadounidense de origen ecuatoriano, que fue cuestionado por sus comentarios racistas y, finalmente, descartado.
El exhaustivo cuestionario previo que tuvieron que llenar tiene 71 preguntas. Los candidatos al jurado deben contestar sobre una baraja de temas, desde las series que ven hasta sus opiniones sobre la legalización de las drogas, el racismo y las instituciones de justicia. A partir de esa información, los abogados de García Luna y los fiscales pudieron comunicar a la magistrada Peggy Kuo, a cargo del proceso de selección, las preguntas en las que querían profundizar. Fue Kuo quien finalmente hizo las preguntas uno a uno a más de un centenar de candidatos, muchos de ellos reticentes a interrumpir sus rutinas. “No entiendo que por culpa de una persona que hizo algo malo, los que no hicimos nada, no podamos hacer planes y seguir con nuestras vidas”, decía una candidata que se quejaba de que el juicio iba a tomar “mucho tiempo”. “La entiendo”, reconoció la magistrada, “pero tenemos un sistema de justicia que requiere de esto”.
Los abogados de García Luna se interesaron particularmente en saber qué opinan estas personas sobre los policías y otros agentes de los cuerpos de seguridad, así como que sean acusados de delitos por corrupción o narcotráfico. Su cliente encaja en esa categoría, al ser, a final de cuentas, un expolicía. “¿Tiene opiniones o creencias sobre las fuerzas de seguridad en general —como la DEA, el Departamento de Seguridad Interior, el FBI o la Policía de Nueva York, entre otras— que podría afectar su capacidad de evaluar la evidencia de forma justa e imparcial?”, se lee, por ejemplo, en el reactivo 49.
Los fiscales también dieron peso a esa parte, pero se centraron más en averiguar sus opiniones sobre los testimonios de criminales que purgan sentencia y que acceden a cooperar con las autoridades para reducir sus condenas. Es el caso de muchos de los posibles testigos que van a llamar a la corte. Ioan Grillo, un periodista y escritor con amplia experiencia en la cobertura del crimen organizado, subraya que parece que la Fiscalía va a dar mucho peso a lo que tengan que decir algunos de los narcotraficantes convictos en Estados Unidos y que fueron detenidos durante la gestión de García Luna en el Gabinete de Calderón. “Un punto de fricción fue que varios miembros del jurado dijeron que eran escépticos de los testigos cooperantes, con relación a capos que podrían testificar contra García Luna”, afirma Grillo. “Van a decir lo que sea para obtener beneficios”, dijo un candidato que también fue descartado.
La selección del jurado ha sido un proceso desgastante que ha provocado algunas tensiones. La fiscal Komatireddy cuestionó a la magistrada Kuo su decisión de descartar a una profesora, cuando había dado “respuestas razonables” en su entrevista. “Si usted quiere convertir esto en un problema y decir que estoy sesgada, adelante”, respondió molesta la magistrada, alzando la voz y cambiando el tono amable que ha adoptado durante las entrevistas. Cuando la fiscal quiso seguir con la discusión, la magistrada la frenó en seco. “No, ya terminamos con esto”, dijo enfadada Kuo.
García Luna se veía más tenso en la sesión de este miércoles que en la de un día antes. Saludó con camaradería a sus representantes legales y se llevó la mano al pecho para agradecerles en un par de ocasiones. Vestido con el mismo traje oscuro y corbata clara que usó el martes, el exsecretario se mostró con el ceño fruncido que ha caracterizado su imagen pública y menos propenso a gesticular ante lo que sucedía. “Es un hombre preocupado, no lo veo como dueño de sí mismo”, afirma Anabel Hernández, una periodista que asegura que fue amenazada de muerte por el exfuncionario y que, como Grillo, sigue el proceso desde la Corte del Distrito Este de Nueva York. “A veces parece ausente, meditabundo, está en constante tensión”, agrega Hernández, que ha seguido los pasos y las acusaciones contra el exfuncionario desde hace 17 años.
Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, estuvo presente en la sesión. Se le vio acompañada por los abogados de su marido en los pasillos del tribunal durante uno de los recesos. No hubo ningún intercambio con la prensa en la corte.
“Vamos a esperar, no nos adelantemos”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina. “Se tiene que ver qué relaciones había, si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se lo quedaba con el dinero o había reparto del botín, y quiénes se beneficiaban, qué otras autoridades”, agregó el mandatario. El caso tiene amplias implicaciones políticas en el país y el Ejecutivo ha dejado claro que va a capitalizar el daño colateral a sus predecesores en el poder, sobre todo al expresidente Calderón. “Sería un fiasco, más que eso, una injusticia, han trascurrido tres años y se habla de muchísimos testigos”, comentó López Obrador ante la posibilidad de que las autoridades estadounidenses no puedan probar sus acusaciones.
En la sesión del jueves, ambas partes deben ponerse de acuerdo para elegir a los jurados, un proceso que se ha hecho más tedioso y lento que durante el juicio de El Chapo, por ejemplo, pero que puede inclinar la balanza en un proceso. Son los jurados quienes deciden sobre la evidencia si los crímenes pueden atribuirse “más allá de una duda razonable” y, a partir de ahí, el juez decide la condena. De ser hallado culpable, la pena máxima contra García Luna es pasar el resto de su vida en la cárcel. Los fiscales y los abogados de García Luna harán sus primeros intentos para convencerlos a partir de la próxima semana.
Con Información: EL PAÍS
