EL PAÍS
CARMEN MORÁN BREÑA
Un estruendoso choque de trenes se deja sentir estos días en la política mexicana debido al enfrentamiento que protagonizan el presidente de la República, Andrés Manuel López, en plena popularidad, y el dueño de Grupo México, Germán Larrea, la segunda fortuna del país, amasada con la minería de cobre, petroleras y concesiones ferroviarias. Un tramo de 120 kilómetros de vías entre Coatzacoalcos y Medias Aguas (Veracruz), en manos de Larrea, se ha interpuesto en el proyecto ferrovial del Gobierno que atraviesa el Istmo y el presidente ha enviado al Ejército a custodiar el paso de los trenes de carga y proseguir las obras. Cuando ya parecía que se iba a alcanzar un acuerdo, el rey del cobre pidió como indemnización por el uso del tramo 9.500 millones de pesos (528 millones de dólares) y un decreto le paró los pies: ahora la obra ha sido declarada de “interés público” y “seguridad nacional”. Las negociaciones han proseguido entre ambos titanes y se habla, a pesar de las desavenencias iniciales, de un acuerdo económico de última hora del que se darán detalles este miércoles. Pese a haber resguardado bajo siete llaves su vida privada, el poder de Larrea no es desconocido para nadie. El del presidente, tampoco.
La fortuna de Larrea, estimada en unos 28.000 millones de dólares, se entrevera con la vida política de varios presidentes mexicanos y algunas tragedias en la industria de la minería. Fue el concesionario principal de las vías férreas cuando Ernesto Zedillo privatizó ese servicio en su mandato, de 1994 a 2000, que dejó al país desprovisto de trenes de pasajeros, pero no de mercancías. El nombre del empresario, propietario de la cantera, salió a relucir de nuevo en 2006 con la explosión de Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, que sepultó para siempre a 63 mineros y dejó numerosas víctimas. El mayor desastre medioambiental ocurrido en México se contó en el Gobierno de Peña Nieto, cuando la actividad minera de Larrea en Buenavista del Cobre envenenó 40.000 metros cúbicos de agua en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el Estado del mismo nombre. 254 kilómetros líquidos infectados de ácido sulfúrico que afectaron el suministro, las cosechas y el ganado de 22.000 personas. Más del 95% de la población testada tiene plomo en la sangre; un 50%, arsénico y el 79% cadmio, según los informes médicos. Hasta aquel vertido, solo circulaba una foto borrosa en blanco y negro del rey del cobre. Peña Nieto publicó la imagen a todo color del magnate cuando ambos se saludaron durante un par de minutos. El misterio de aquel hombre robusto de pelo rubio y gafas metálicas se desvelaba para el común de los mortales.
Al presidente López Obrador no se le olvidan ninguno de estos acontecimientos que le precedieron, los ha sacado a relucir de tarde en tarde, porque aunque ha pasado el tiempo, ha tenido que encargarse de algunos de ellos como parte de sus promesas de campaña presidencial. Y aunque repite que su fuerte no es la venganza, a menudo el rencor se le revuelve como la bilis. Por su cabeza resuenan recurrentemente las piedras que tuvo que sortear en el camino a la presidencia, desde el ámbito político y desde el económico. En este último se inscribe la carta que Germán Larrea envió a sus 50.000 empleados, y al que quisiera leerla, el 25 de mayo de 2018, meses antes de que Morena arrasara en los comicios. Mostraba en ella su preocupación por las propuestas de “estatización de empresas” y por la derogación de las reformas energéticas y educativas del peñismo. “Ideas que significarían un retroceso de décadas y el regreso a un modelo que no ha funcionado en países como Venezuela, Cuba o la Unión Soviética”, un “modelo populista”, decía, que traería desinversión y afectaría a los empleos y la economía. Amedrentaba a los empleados con el futuro de sus familias, así como a los miles de proveedores y accionistas, y les pedía que salieran a votar “con inteligencia y a conciencia”.
Los presagios empresariales no pudieron con el tsunami morenista y, andando el tiempo, las vidas de Larrea y López Obrador volvieron a cruzarse. El presidente adjudicó un tramo ferroviario de 67 kilómetros en su trazado más emblemático, el que atraviesa el territorio maya, al empresario por 17.815 millones de pesos, pero 17 meses más tarde, el Gobierno dio por finalizada la colaboración y los militares se hicieron cargo del proyecto. Larrea puso una demanda en tribunales para exigirle una indemnización por los recursos empleados hasta la fecha y el presidente le acusó de incumplir el contrato. Este martes, López Obrador volvía a recordar en la mañanera que hay un grupo de personas y sus abogados empeñados en que los tiempos prometidos para inaugurar el Tren Maya no se cumplan. Una especie de complot, viene a decir.
Por aquellas mismas fechas en que se desencadenaba de nuevo la pelea de titanes, el hombre más rico de México, Carlos Slim, se apeaba de la compra de Banamex, el cuarto banco de México por activos, y dejaba que la contienda la libraran dos postores, el presidente del banco Mifel, Daniel Becker, y Germán Larrea, quien también es conocido por ser el dueño de Cinemex. Otra vez Larrea. López Obrador no había disimulado su preferencia por Slim, su empresario de cabecera, con el que ha cerrado acuerdos que también procedían de tragedias, como el desplome de la Línea 12 del metro en Ciudad de México. Slim se hizo cargo de la reparación y de indemnizar a las víctimas. Sobre Banamex, el presidente expuso sus condiciones: que el comprador fuera mexicano, que estuviera a corriente de los impuestos y que se hiciera cargo de los 30.000 empleos del banco estadounidense. Larrea podía cumplirlas. Nada que objetar. Las negociaciones prosiguieron.
El choque de trenes de los últimos días parecía haber puesto patas arriba todo, aunque algunos opinan que Banamex no tiene nada que ver en ello. Y sobre el Istmo, fuentes cercanas a las negociaciones, según ha publicado Milenio, han comunicado que se ha llegado a un acuerdo tras una buena reunión entre las partes, extremo que aún no ha confirmado el Grupo México. Horas antes, el presidente había asegurado que lo ocurrido con Ferrosur en el Istmo “no es una expropiación”, solo una vuelta al Estado de lo que le pertenece. Y se ha mostrado dispuesto a pagar en “precios de mercado” por deshacer la antigua concesión. Pero esos 9.500 millones de pesos… “Así ya no se puede, ni siquiera es un precio justo, sino un abuso”. A pesar del ruido, las negociaciones parecen haber llegado a buen puerto.
Banamex se erguía en este asunto como un elemento de negociación. “No es un pleito contra Germán Larrea”, había asegurado el presidente hace unas horas, pero no dejó de hacer guiños sobre la posible compra de la entidad financiera por parte del Estado con participación privada si el magnate se retiraba. “A la gente de México le interesaría tener acciones, y no hay pérdidas, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240.000 millones de pesos”, soltó en Palacio Nacional. Pero en las trincheras del magnate minero no se ha dicho nada de abandonar la apuesta por Banamex.
Los militares siguen custodiando el tramo ferrovial de Medias Aguas a Coatzacoalcos mientras las empresas del rey del cobre han caído 3.200 millones de dólares en valor de mercado y el empresario acumula pérdidas por 1.830 millones de dólares. “No es nada personal”, dice López Obrador.
