EL PAÍS
SONIA CORONA
México – 17 SEPT 2022 – La meta del presidente Andrés Manuel López Obrador de trasladar las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas se ha cristalizado en las últimas dos semanas. El culmen ha sido en las celebraciones de la Independencia de México en la capital: algunas tropas mostrando músculo con un significativo despliegue en el desfile militar y otros uniformados prestando sus herramientas de trabajo —desde rifles de asalto hasta chalecos antibalas y cascos— a niños y familias como una muestra de acercamiento a la población. El plan, publicado en un decreto el 9 de septiembre, ha ido tomando forma en los cambios directos en las instituciones de seguridad, pero también han requerido reformas legislativas que, de paso, han complicado los balances en la oposición.
Las familias sonrientes posando para fotos a bordo de un vehículo humvee frente al Ángel de la Independencia refleja lo que la mayoría de las encuestas confirman: un 65% de los mexicanos tiene confianza plena en las Fuerzas Armadas. En algunos Estados del país azotados por la violencia de los cárteles de la droga, incluso, son los gobiernos locales quienes piden que la seguridad pública esté en manos del Ejército. De inicio, el decreto de López Obrador trasladó las tareas administrativas de la Guardia Nacional al cuerpo militar sin tocar la Constitución, que demanda que ese grupo de seguridad sea de una naturaleza civil. Aunque el papel todavía tiene algunas restricciones, en la práctica los guardias ya han marchado bajo las órdenes de los militares este 16 de septiembre.
La medida genera desconfianza en diversos sectores por la cantidad de poder, presupuesto y presencia en la vida pública que las Fuerzas Armadas se encuentran acumulando. El debate ya ha conseguido fracturar a los partidos de oposición en el Congreso. El primero en cambiar de parecer ha sido el Partido de la Revolución Institucional (PRI) que además ha propuesto enmendar la legislación vigente para que el Ejército se encargue de la seguridad hasta 2029. El gesto le ha valido al viejo partido el desprecio de las otras formaciones y una inevitable ruptura en la oposición prevista para los próximos días, pero que perdurará en las elecciones estatales de 2023 y las presidenciales de 2024.
Las resistencias también han estado en el partido del Gobierno, Morena, con la diputada Inés Parra que votó en contra de la propuesta del PRI. “No puedo estar con la militarización en México a cambio de impunidad”, dijo para referirse a Alejandro Moreno, líder del PRI, investigado por enriquecimiento ilícito y quien supuestamente se beneficiaría de la negociación legislativa. La división ha tocado incluso al mismo PRI en sus entrañas: mientras que sus diputados han estado dispuestos a apoyar a López Obrador, sus senadores han anunciado que no accederán al deseo presidencial en una votación pendiente para la próxima semana.
En las calles, la oposición se ha depositado en la sociedad civil en diversas manifestaciones. La más visible en los últimos días ha sido la del colectivo Hasta Encontrarte, formado por las familias de desaparecidos en México, que el jueves mantuvo la tensión durante casi 24 horas con una peculiar protesta. Dos de sus integrantes escalaron los 100 metros de la Estela de Luz, un monumento construido en el Paseo de la Reforma por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), para desplegar un letrero contra la militarización de la seguridad pública. Los activistas han insistido en que el plan de López Obrador prolonga la presencia de los militares en las calles tal como lo comenzó hace 16 años Calderón, sin hacer mayor merma al crimen. También ponen el dedo en las históricas llagas de los militares en México: desde su papel en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hasta en la matanza de Tlatelolco, pasando por la masacre de Acteal.
Los 118.000 miembros de la Guardia Nacional que se unen a las Fuerzas Armadas representan también un cambio para los presupuestos. El Ejército tiene previsto recibir alrededor de 146.000 millones de pesos (7.500 millones de dólares), una cifra récord para la Secretaría de Defensa. Su trabajo ya es visible en aduanas, aeropuertos, construcción de obras emblemáticas y, ahora, seguridad pública. México mantiene un promedio de 100 homicidios dolosos al día y el descenso criminal aún no parece avistarse. López Obrador ha garantizado el respeto a los derechos humanos, pese a las dudas de diversos sectores.
Dotados de nuevas responsabilidades, los jefes de las Fuerzas Armadas —Ejército y Marina— han denunciado una campaña de desprestigio contra los cuerpos militares con comentarios “tendenciosos” expresados por quienes “tratan de alejarlos de la ciudadanía”, según ha señalado el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. En la noche del 15 de septiembre, con el Zócalo encendido por la ceremonia de El Grito, esos señalamientos quedaron disipados, algunos espontáneos vitoreaban a la Defensa, “¡Se-de-na! ¡Se-de-na!”, mientras que otros repetían el mantra del presidente López Obrador: “El soldado es pueblo uniformado”.
