EL PAÍS
JORGE VAQUERO SIMANCAS
México – 23 SEPT 2023. Tras llegar a México desde Ecuador, Pedro le da vueltas a cómo llegar a la frontera con Estados Unidos. Mira la cazuela de arroz que una compañera hace sobre unas brasas a las afueras de la Central de Autobuses del Norte, en Ciudad de México, poblada este viernes de decenas de tiendas de campaña instaladas por migrantes junto al asfalto que rodea el edificio. De repente, vuelve y responde: “Eso es lo que estamos aquí craneando (pensando). Si nos vamos en el bus tenemos que pagar las alcabalas (pagos a policías) y unos amigos que se fueron en bus dicen que a uno le quitan entre 500 y 400 pesos varias veces”. La otra opción le parece más dura: “Si nos vamos en el tren, sé que no vamos a pagar nada, pero corremos el riesgo de que nos pase algo”.
La situación de Pedro, de 31 años, es la de muchos migrantes que se han instalado cerca de la estación de autobuses. Se han trasladado aquí después de que Ferromex, la empresa propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, detuviera el pasado martes numerosas rutas de tren por la presencia de hasta 4.000 migrantes en sus vagones que querían llegar al la frontera norte del país. A esto se le suma que Maru Campos, la gobernadora del Estado de Chihuahua —una de las puertas de entrada a Estados Unidos— ha llegado este viernes a un acuerdo con la empresa ferroviaria y el Instituto Nacional de Migración para disuadir a los migrantes de trasladarse en tren por su región.
Las cifras de migrantes que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos no para de subir y ha dejado números superiores a los de antes de la pandemia. Más de 91.000 personas miembros de una familia (al menos dos personas con parentesco directo que migran) fueron detenidas en agosto cuando instaban cruzar de forma ilegal, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Entre dudas sobre si tomar el tren o el autobús, Pedro sabe que el camino que lo ha llevado hasta Ciudad de México es el preludio de lo que le espera hacia la frontera. “En México el problema es la extorsión. Si viajas sin documentación, los policías te quitan el dinero; si no tienes dinero, te quitan el teléfono; y si no tienes nada, te devuelven para atrás, a la frontera con Guatemala”, explica. Denuncia que las autoridades saben que autobuses transportan a migrantes y los paran en varios puntos del trayecto. “Yo prefiero mil veces cruzar el Darién que cruzar México”, recalca.
Pedro, tras salir de Santo Domingo de los Colorados, ciudad ecuatoriana en la que vivía, cruzó toda Centroamérica y llegó a México por Tapachula, ciudad del Estado de Chiapas que hace frontera con Guatemala. Allí, el pasado lunes, un grupo de migrantes intentó entrar por la fuerza en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a causa de las aglomeraciones de hasta 6.000 personas en su exterior.
El siguiente paso de este migrante es llegar a Estados Unidos. Pero el CBP One, una aplicación para pedir asilo en territorio estadounidense, “tarda mucho”. Pedro quiere llegar a Sonora, una región fronteriza que él considera más factible para entrar. “Nosotros estamos pensando mejor arriesgarnos a entregarnos a los policías estadounidenses en la frontera”, explica. Este método, que forma largas colas de migrantes que esperan a ser detenidos, consiste en que una vez capturados en territorio estadounidense, los migrantes pueden comprarse un transporte hasta casa de familiares o conocidos mientras esperan a ser procesados.
La embajada de Estados Unidos en México ya ha avisado a los migrantes que quieren usar esta vía de que pueden devolverlos a territorio mexicano tras ser detenidos. Las autoridades migratorias se amparan en el Título 8, que el presidente estadounidense, Joe Biden, endureció tras el fin del Título 42 que había decretado su predecesor, Donald Trump, para devolver a migrantes de forma rápida. Es lo que sucedió en Ciudad Juárez, localidad del Estado de Chihuahua que hace frontera con El Paso, en Estados Unidos. Allí, la Guardia Nacional desalojó a 300 migrantes que esperaban a cruzar la frontera en un campamento en el lecho del río Bravo.
La crisis migrante que afecta a todo el país en Estados como Chiapas, Chihuahua o Oaxaca, donde los albergues están colapsados, la conoce el migrante venezolano de 39 años Ricardo Álvarez. Duerme por fuera de la estación de autobuses en una tienda de campaña junto a su mujer, Lili Noguera (38 años), y su hijo Isaias. El niño de 7 años es la razón de que no quieran realizar el viaje en el tren conocido como La Bestia, que ha dejado numerosas muertes y mutilaciones a migrantes que han tratado de llegar a la frontera de Estados Unidos subidos en él. “A veces pensamos en irnos en el tren porque no tenemos recursos económicos, pero también es peligroso por el niño”, explica Álvarez.
Están ahorrando para pagar los 1.500 pesos que, según ellos, cuesta el autobús hasta la frontera. Pero también han conocido la cara amarga de la extorsión. “En varias ocasiones los policías nos han bajado y nos han hecho pagar más por los pasajes”, denuncia Álvarez. Sin embargo, para ellos lo más duro no ha sido atravesar México. Desde que salieron por razones económicas de Barquisimeto, en Venezuela, su mayor dificultad fue atravesar la trampa mortal del Darién.
Ahora, mientras esperan a conseguir cita en el CBP One intentan ahorrar todo lo posible para pagar los billetes de autobús. “Estamos vendiendo chupetas y muchas personas por ahí nos colaboran con monedas y billetes”, dice Álvarez. Cada día comen en los puestos que hay en frente de la Estación de Autobuses del Norte, donde “ha llegado mucha gente después del paro de Ferromex”. Ahora, como la familia Álvarez-Noguera y el migrante ecuatoriano Pedro, muchas personas esperan su viaje la frontera de Estados Unidos, ya sea en el peligro que supone montarse en La Bestia o el riesgo de ser extorsionados tras horas de carretera en un autobús.
