EL PAÍS
DANIEL ALONSO VIÑA
México – 28 JUN 2023 – El secuestro de un grupo de trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas permanece envuelto en la incertidumbre y la confusión. La noche del martes la propia dependencia comunicó que habían sido secuestrados 14 empleados cuando viajaban en un autobús de la institución cerca de Tuxtla, la capital del Estado. Un día después, la cifra de secuestrados ha aumentado a 16 mientras crece la angustia entre las familias de las víctimas. Un vídeo subido a las redes sociales muestra a los presuntos secuestradores exigiendo la destitución de varios altos cargos de la policía estatal a cambio de la liberación de los trabajadores, que también aparecen en el video. Familiares de las víctimas han podido identificar a los empleados. “Solo es un jardinero, no le hagan daño”, decía esta mañana en una entrevista con la prensa local la esposa de uno de los secuestrados.
En el vídeo, los trabajadores aparecen en aparente buen estado de salud. Con voz entrecortada y la cabeza agachada, uno de los funcionarios secuestrados transmitía el mensaje de los criminales, rodeado de sus compañeros, en una especie de nave o bodega construida con ladrillo. “A nombre de nuestros compañeros que nos encontramos muy bien, para que no se preocupen nuestras familias”, asegura el funcionario, aunque él y sus compañeros parecen nerviosos y con mucho miedo. La Fiscalía de Chiapas todavía no se ha pronunciado sobre el vídeo y no se tiene información sobre el grupo al que pertenecen los criminales.
Los familiares sin embargo han reconocido a sus parientes. “Es el chaparrito de playero roja”, decía una de las esposas, que afirmaron también que las autoridades están negociando con los secuestradores. “Solicitamos al señor gobernador su valiosa intervención para que podamos volver con nuestras familias”, continúa el funcionario en el vídeo. Y entonces procede a pedir la renuncia de Francisco Orantes Abadía, el subsecretario de Seguridad del Estado, Roberto Yahir Hernández Terán, director de la policía fronteriza, y Marco Antonio Burguete, director de la policía Estatal preventiva. “Pedimos su pronta destitución”, dice, en un mensaje que parece estar leyendo de un papel en el suelo. Y añade que el problema de los secuestradores es con la policía estatal. “No hay ningún problema con otro tipo de autoridades”, termina el funcionario.
El gobernador del Estado, Rutilio Escandón, no ha respondido al llamado de los criminales, mientras sigue el macro operativo de las autoridades para encontrar a los 14 funcionarios desaparecidos y aumenta la violencia que avasalla un Estado incapaz de calmar las aguas de los distintos grupos violentos que se enfrentan entre sí. Este miércoles, una motocicleta se paró frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Tapachula, al sur de Chiapas, y ha arrojado una granada que ha explotado al interior de las instalaciones, según los diarios locales.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha asegurado, durante la conferencia mañanera de este miércoles, que el secuestro se encaja en el contesto de la lucha entre distintos grupos criminales. “Al parecer es una confrontación entre grupos”, ha dicho el mandatario. “Ya estamos trabajando sobre esto, son trabajadores del penal de Ocozocoautla que fueron secuestrados”, ha informado el presidente, antes de indicar que la instrucción es “que se rescate a los que fueron secuestrados, no va a haber impunidad”.
Rutilio Escandón, el gobernador que ha sido interpelado por los secuestradores, está ausente de la conversación sobre la violencia que avasalla su Estado. Este mañana, horas después de que se publicase el vídeo de los funcionarios secuestrados, ha subido una publicación a su cuenta de Twitter. Está en una Mesa de Seguridad para luchar contra la violencia en Chiapas. El mensaje que acompaña, sin embargo, es casi irrelevante: “En coordinación con las instituciones federales, estatales y municipales ratificamos el compromiso de trabajar en unidad para actuar de inmediato ante cualquier emergencia o acto delictivo que ponga en riesgo a la ciudadanía”.
Chiapas es un polvorín asediado por “interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los Gobiernos y empresas”, decía un informe del Centro de Derechos Humanos Gray Bartolomé de las Casas (Frayba), publicado a principios del mes pasado. El ataque a territorio zapatista, la pelea entre carteles que ha obligado a miles de personas a huir de sus pueblos y el tráfico de personas que asedia a los migrantes que cruzan la frontera sur ha convertido al Estado en el epicentro de la violencia en México. Las consecuencias de esta interacción entre crimen, autoridades y sector privado se traduce en “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, aseguran desde Frayba.
