EL PAÍS
La penetración del narcotráfico en los más altos niveles de la Administración de México deja un regusto de amarga impotencia. El responsable de liderar la guerra contra el crimen organizado y antiguo secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, ha resultado ser el jefe de los traficantes, según el juicio celebrado el martes en un tribunal de Nueva York bajo los cargos de conspiración para la distribución internacional de cocaína y delincuencia organizada, entre otros. El juicio ha dejado a la vista de todos los engranajes de una maquinaria corrupta que alcanzaba el corazón del Estado. Las conclusiones del jurado son demoledoras, a partir de las investigaciones, los testimonios y las pruebas aportadas: el zar antidrogas de México era en realidad un estrecho colaborador del cartel de Sinaloa, el grupo criminal fundado por Joaquín El Chapo Guzmán.
Los vínculos de García Luna con el narco, según el veredicto, se remontan a su etapa como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), bajo el mandato de Vicente Fox, pero fue con Calderón cuando ascendió hasta la cúspide de la que tenía que ser la lucha contra el crimen organizado. Ahora el exjefe de la Policía se enfrenta a una sentencia, que se conocerá en junio, que oscila entre los 20 años y la cadena perpetua. Esta condena no solo cuestiona toda la estrategia del expresidente del Partido Acción Nacional, que enarboló públicamente la bandera de la lucha contra los carteles, sino que siembra dudas razonables sobre su grado de conocimiento de la connivencia entre el Gobierno y los capos de Sinaloa. Lo más importante hoy es el derecho de la sociedad a conocer la verdad y despejar las sospechas. El 84% de los mexicanos opina que Calderón debería ser investigado por lazos con el narcotráfico, según una encuesta de la consultora Enkoll para EL PAÍS. La única forma de disipar dudas y fiscalizar esa etapa es una investigación, que en su primera fase no tiene por qué pasar necesariamente por la justicia ordinaria y puede concretarse a través de otros canales como una comisión especial parlamentaria o de otra índole.
Pero hay todavía otro argumento a favor de que las autoridades mexicanas tomen la iniciativa. García Luna fue condenado en Estados Unidos, donde la justicia actuó una vez más y acabó haciéndole el trabajo al país vecino. En las dos últimas décadas se han multiplicado las detenciones en territorio estadounidense, mientras que México se volcó en una sostenida política de extradiciones. La condena del exsecretario de Seguridad Pública y las sombras que el juicio ha proyectado sobre todo un mandato pueden ser, a la postre, la palanca para reivindicar el Estado de derecho y lanzar una poderosa señal de madurez institucional.
